OEA PARTICIPACION CNE VENEZUELA AUDIENCIAS PARA CORTE PENAL INTERNACIONAL Washington, 16NOV2017

Baltimore 18 de noviembre de 2017

Señor Luis Almagro,
Secretario General de la Organización de Estados Americanos - OEA
y demás representantes de los Estados Miembros.
Washington, D.C.

Atención: Dr. Luis Moreno Ocampo, Asesor Especial de la OEA en Crímenes Contra la Humanidad y Panel Internacional de Expertos: Manuel Ventura Robles, Dr. Santiago Cantón y Profesor Irwin Cotler.

Participación del Poder Electoral - CNE de la República de Venezuela en la Tercera Ronda de Audiencias Públicas en la Sede de la OEA sobre el Caso Venezuela del día 16NOVIEMBRE, para analizar su fundamentación para presentarlo ante la Corte Penal Internacional, aportando comentarios sobre el Discurso del Secretario General Luis Almagro en la Sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas - ONU del día anterior 15NOVIEMBRE relacionada con el mismo caso.

Distinguidos señoras y señores:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en mi condición de representante del Poder Electoral de Venezuela-CNE designado por el Poder Legislativo nacional el 4JUNIO2000 y a su vez comisionado a estos efectos por decisión de los demás miembros de su Directorio.

Esta comunicación tiene como propósito aportar elementos positivos que pudiesen reforzar el objetivo declarado por el Secretario Almagro para el equipo y panel, de tan altísima experiencia y prestigio, designado para este caso particular.

Tomando en consideración que el CNE usurpado habría sido la institución sobre la que se fraguó, simultánea y progresivamente con las Fuerzas Armadas, el asalto a los Poderes Públicos Nacionales, de los estados y de los municipios, retro alimentándose con el respaldo-complicidad de medios de comunicación e instituciones en general, a pesar de su sometimiento a la censura y autocensura, tomando, asumiendo y promoviendo posturas falsificadas, es decir, la de supuestas autoridades elegidas de manera legítima mientras que la realidad a partir de 1999 habría sido, en toda acción y gestión del Estado, de completa manipulación, hasta de los registros relacionados con la nacionalidad, en particular el Registro Civil y Electoral, competencia Constitucional del Poder Electoral, así como de la data estadística en general de la nación recibida y procesada por los organismos internacionales, desvirtuando sondeos de opinión, encuestas y todos los resultados electorales proclamados en el fraude más escandaloso, sistemático, permanente y continuado conocido globalmente hasta el día de hoy.

Por otra parte, todo este fraude se ejecutaría con la participación directa y con el respaldo de las Fuerzas Armadas Nacionales-FFAANN mediante la sumisión de sus altos mandos, que equivale a traición a la patria y a los valores de Occidente, en flagrancia comprobada en razón de que el Comando Unificado del "Plan República" ejecutado por las FFAANN funcionaba de manera permanente, debido a la ejecución de diversas consultas electorales y refrendarias varias veces cada año, en enlace coordinado con el CNE y dentro de la propia institución electoral, por lo que no habría sido posible que los oficiales superiores ni subalternos a cargo del mismo pudieran haber desconocido los detalles del fraude generalizado referido, ni posteriormente, tanto ellos como tampoco los funcionarios públicos proclamados por el CNE en consecuencia usurpadores de la representación popular.

De acuerdo con lo anterior, se habría producido un hecho incontrovertible en cuanto a la corresponsabilidad de los referidos civiles y militares involucrados en esta conspiración, más allá y con mayor gravedad que la de la complicidad, es decir con las consecuencias del referido fraude, cuales habrían sido la promoción y ejecución del HOLOCAUSTO en el siglo XXI en el que vive Venezuela a partir de 2002, ocupada militar, administrativa y políticamente por un ejército extranjero, produciéndose el objetivo programado por dicha ocupación que habría sido denunciado oportunamente, la destrucción del Estado, la Nación, por una ocupación que responde a los intereses del crimen organizado transnacional y utiliza todos los recursos del Estado para sus propósitos particulares, mientras que la comunidad internacional a pesar de la gravedad de tal situación para el resto del continente y del mundo, ha sistemáticamente evadido actuar en la defensa de sus propios intereses comprometidos por el alcance de la acción del terrorismo global de un estado petrolero con inmensa capacidad financiera y asociado abiertamente con estados reconocidos como forajidos por la misma comunidad internacional.

La comunidad internacional más bien se habría aprovechado para promover la inmigración masiva de alta calidad en razón del desplazamiento de la población, por cuanto alrededor del 9% habría emigrado o huido al primer mundo y a otros países de la región, con el agravante de que han sido grupos familiares con alto grado académico.

Se estima que más del 40% posee nivel de post grado y doctorado universitario además de importante experiencia acumulada en sus diversas especialidades, artes y empresas, con ahorros considerables en divisas, centenares de miles de ellos provistos de la doble nacionalidad por su condición de descendientes de emigrantes de la Comunidad Europea o emigrantes de países de la región, situación que adicionalmente a la pérdida sustantiva del activo más importante de cualquier nación, su recurso humano, redujo la capacidad de reacción de la nación, protesta y acción para lograr el llamado de atención oportuno y necesario a la comunidad internacional, conduciendo más bien a transformar estos flujos migratorios en anestésicos de la situación por su condición de semi clandestinos pretendiendo evitar las retaliaciones del régimen venezolano.

En los casos numerosos del otorgamiento del asilo político, se pasaba simple y directamente a silenciar una voz calificada en el extranjero.

El centro de esta presentación inicial tendría que ver con la responsabilidad clara de los grupos de funcionarios señalados con la comisión de delitos de lesa patria y de lesa humanidad, de crímenes contra la humanidad, por las características referidas y cuya comprobación ha estado a disposición de las instancias judiciales a partir del año 2002, sin que, como era de esperarse por lo obvio de sus sistemáticas reacciones e inacciones, fuesen atendidos ni respondidos los recursos administrativos y jurisdiccionales en instancias nacionales, pero tampoco lo habrían sido en instancias internacionales, en particular en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni en la Audiencia Nacional del Reino de España, otro ejemplo dónde una institución competente provista de los elementos probatorios suministrados por nuestra institución-CNE, que interpuso sendas denuncias-recursos que jamás fueron atendidos, configurando inclusive la violación de derechos fundamentales de los ciudadanos en general, como consecuencia de la violación del debido proceso en recursos cuyas resultas afectarían por generaciones a toda la población.

Mientras hubo y tengamos militares dispuestos a usar las armas de la nación para reprimir a quienes tienen la obligación y juraron defender, los ciudadanos, quienes en legitima protesta ante la flagrante violación de sus derechos fundamentales, es decir, en acción ciudadana y natural de actuar en su legítima defensa, así como la obligación legal de desconocer la autoridad usurpada pero también de "hacer lo que se encuentre a su alcance" para obtener el restablecimiento de la autoridad legítima y del Derecho, y por otro lado, tengamos también individuos dispuestos a "simular" democracia y elecciones, en comparsa con medios de comunicación ciegos, sordos y mudos sobre la realidad, que presentan una ficción de ambiente democrático y de Estado de Derecho que los ha hecho corresponsables de las consecuencias, además de "facilitar" una interpretación según la cual en Venezuela si habría Estado y Derecho para promover "business as usual" mientras toda actividad, inclusive la económica-productiva, se encontraría empapada con la sangre de centenares de miles de víctimas inocentes.

A)  En relación con la 3ra. ronda de audiencias públicas en la Sede de la OEA:
Esta 3ra. Sesión de Audiencias habría podido presentar algunas particularidades que requieren comentarios:

1) Se anunciaron como públicas para recibir "víctimas" y "otros interesados y relevantes actores". Sin embargo, a pesar de haber presentado las credenciales correspondientes y haber referido las acciones e interacciones permanentes entre el CNE y la CIDH así como con la Secretaria General a partir de la presencia en Venezuela del Secretario ex Presidente de Colombia César Gaviria, quien se habría residenciado más de 8 meses en Caracas, posteriormente, mediante recurso fundamental introducido por el CNE en funciones en 2003, y luego la denuncia de una serie de irregularidades que habrían determinado la violación flagrante del debido proceso por parte de la propia CIDH, no se nos permitiría el derecho de palabra.

2) El "Panel de 3 expertos internacionales independientes" lo conforma Santiago Cantón (Argentina), quien fungía como Secretario Ejecutivo de la CIDH durante el período en que se produjeron las violaciones denunciadas, que habrían dejado desamparados a los ciudadanos cuyos derechos pretendía el CNE en su recurso proteger, pero sobre todo, como hemos referido antes, estableciendo una corresponsabilidad con las consecuencias de tal denegación de justicia, con el referido HOLOCAUSTO en el que ha caído Venezuela.

3) La audiencia matutina recibiría familiares de víctimas, un ejemplo de entre las centenares de miles que han sido asesinadas a partir de 1999, sin que la Fiscalía General de la República-FGR presente en tribuales más del 6% de los casos y, cuando en el año 2006 se habría alcanzado la cifra de 100 mil asesinatos, en más de 5000 casos los agresores habrían sido policías y militares uniformados o de servicio.

Mientras tanto, organizaciones de prestigio y tradición especializadas, nacionales y foráneas, han documentado miles de casos y desde la visión y observación del CNE esto se habría convertido en una "política de Estado", una industria para el asesinato, única explicación para elevar desde aproximadamente 2600 asesinatos por año durante la década de los 1980s hasta 28 mil en 2013, de manera sistemáticamente progresiva.

Entre los aportes posibles del CNE estaría la demostración de la manipulación intensiva de la identidad y la ejecución de programas de castigo y premios mediante listas de ciudadanos.

Sorprende que habiendo un Poder Público constituido legítimo de la República de Venezuela denunciando tales hechos a inicios de 2000, todavía en 2017 se pretenda documentar con víctimas aisladas un hecho ya reconocido como público, notorio y comunicacional, un patrón sistemático de violación de DDHH establecido por el estado usurpado de Venezuela a partir de 1999.

4) La audiencia vespertina sería más escandalosa. Un funcionario de la Fiscalía General de la República-FGR encargado en el "Caso Alcalde Leopoldo López" explicando cómo la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz y él mismo, recibían órdenes para cambiar y manipular expedientes, como si esto no fuese también conocido y público, notorio y comunicacional desde las fechas referidas.

Posteriormente declaraban "alcaldes", quienes habrían descubierto este ano 2017 que no existiría Estado de derecho cuando el régimen afectó sus actividades conjuntas como corresponsables del fraude permanente y continuado electoral y la violación de los DDHH de todos los ciudadanos, ellos entonces recurren y son recibidos por la OEA cuando se convirtieron en víctimas o fueron convertidos en tales.

Finalmente un "diputado" de la Asamblea Nacional, en representación de sus pares, quiénes manifestarían también su arribo a la conclusión similar a la de los "alcaldes".

El elemento fundamental que pasaría por alto la OEA así como el panel de expertos internacionales sería, que todos estos funcionarios carecen de legitimidad absoluta, no tan sólo en el origen de sus designaciones sino también en el desempeño de los mismos cargos que usurpan, adicionalmente seria claro que el HOLOCAUSTO en Venezuela no habría sido posible sin la complicidad y sobre todo la corresponsabilidad de organizaciones declaradas políticas para simular acción política, cuando en realidad después de 17 años, habría quedado evidenciado y al descubierto, que no habrían sido mas que la columna fundamental del régimen de ocupación para encubrir y sostener la farsa de la ocupación militar extranjera como rutina democrática.

En última instancia, una de las consultas que debería hacerse a la Corte Penal Internacional sería la relacionada con el grado de responsabilidad que tendrían todos estos funcionarios públicos con los crímenes que se investigan.

Entre las tesis más claras en el debate jurídico clandestino en las Academias de Ciencias Jurídicas y Políticas de Venezuela estaría, que dicha responsabilidad iría más allá de la complicidad por cuanto se fundamenta en su corresponsabilidad flagrante con el sostenimiento del estado de cosas así como el usufructo personal y de los grupos "políticos" o de intereses "relacionados" en general, directa y abiertamente asociados con el terrorismo y con el crimen organizado transnacional.

La condición de todos estos testimoniales, de sus tragedias familiares los primeros y de su condición de corresponsables los segundos, impediría una respuesta concreta de su parte a la pregunta que habría formulado el experto internacional Sr Irwin Cotler (CANADA), Ex Ministro de Justicia y Procurador de su país, sobre la posibilidad de determinar si tales prácticas serían ocasionales o podrían ser consideradas parte de la "cultura" del Estado venezolano, respuesta que estimamos sin lugar a dudas afirmativa, y que estaría conformada y documentada desde las primeras acciones ya referidas promovidas por el CNE.

B) En relación con el discurso pronunciado por el Secretario Almagro ante el Consejo de seguridad de la ONU en su sesión del 15NOVIEMBRE:

El Secretario General Luis Almagro estaría recorriendo con paso firme el camino de la recuperación progresiva de la institucionalidad de la OEA, en particular en cuanto a la "tolerancia cero" a la violación de los derechos humanos y la acción concreta de su Despacho para neutralizar e impedir la cultura de los crímenes de lesa patria y de lesa humanidad practicados y promovidos en el Continente Americano por un grupo de naciones lideradas por Cuba, con Venezuela como fachada.

Su discurso sería oportuno porque en la organización de las Naciones Unidas, en particular en su Consejo de Seguridad, se alberga un miembro temporal que de manera descarada usurpa la representación de un Estado, este es el caso particular de Venezuela, usurpadores que adicionalmente, y esto es lo escandalosamente más grave y debería ser inaceptable por la comunidad internacional, en su actuación pública viola flagrantemente los Derechos Humanos de los ciudadanos y residentes y exporta abiertamente tales actividades, configurando a la perfección la definición de criminales contra la Humanidad. Insólita realidad que atiende y desafía valientemente el Secretario Almagro con su presencia y con su discurso sobre el Caso Venezuela.

Destaca la presencia de un venezolano que representando a su país habría presidido dicho Consejo y habría dejado un camino establecido para luchar contra tal categoría de criminales que seria bautizada con su nombre: "Fórmula Arria", del embajador Diego Arria.

Los argumentos concretos del Secretario Almagro para promover la acción sobre el Caso Venezuela en el seno de la OEA y en la ONU estarían claramente establecidos en su Reporte-OEA del 19JULIO2017.

Es necesario subrayar sin embargo que, también de acuerdo con especialistas activos en la protección de los Derechos Humanos y en el juicio de sus violadores, tanto en la academia como en la práctica mediante el ejercicio profesional ante las instancias internacionales especializadas, preocuparía la inexistencia de conexión entre los diversos reportes de la OEA sobre el "Caso Venezuela" y un documento considerado fundamental, presentado recientemente por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra en agosto de 2017 en el que, después de un minucioso análisis de algunos hechos ocurridos en Venezuela, concluiría que tales hechos poseerían el carácter de sistemáticos, por lo que se asimilarían a los crímenes internacionales objeto de la competencia de la Corte Penal Internacional.

Los comentarios que paso a formular sobre el discurso, tienen como propósito ampliar el detalle para aclarar aún más al público no involucrado en el caso, sobre prácticas desarrolladas para confundir y manipular la opinión pública y las instituciones locales y foráneas, hasta hoy muy exitosas, entendiendo el nivel de perversidad y extendiendo la longevidad de un verdadero HOLOCAUSTO por sus consecuencias, en la vida de varias generaciones de venezolanos y sin lugar a dudas de la Humanidad.

Se hace referencia a las 120 personas muertas y más de 15 mil heridos a manos de las fuerzas de seguridad del Estado durante algunos meses de este año.

Este comentario, arrastrado por la manipulación y control total de los medios de comunicación locales y sus corresponsalías internacionales desviaría la atención sobre el asesinato como política de Estado a partir de 1999, que habría determinado un promedio de alrededor de 2300 asesinatos mensuales, que no están cubiertos por los medios ni por las farsas de la Fiscalía y/o del "Sistema Judicial".

La masacre de ciudadanos no se inició en 2017, es el resultado de una gestión "exitosa" de los usurpadores de los poderes del Estado por cuanto se alcanzan los objetivos diseñados por ella, mientras se desvía la atención a un hecho criminal horrendo haciéndolo especial, cuando en realidad es una parte de un todo perfectamente determinado.

De la misma manera, podría y es considerado el retroceso en las políticas públicas de salud que el discurso conduce a sólo una crítica, la de la gestión específica, mientras que sería realmente otro "éxito" de la política del Estado diseñada por la ocupación y por los usurpadores para controlar férreamente a la población e instituciones en general.  Como sería también la política de "hambre" mediante el monopolio perverso del comercio interno e internacional de alimentos.  O la política de "medicinas e insumos médicos".

El discurso hace referencia a la usurpación e invención de mecanismos fraudulentos como la Asamblea Nacional Constituyente instalada en 2017, desestimando y olvidando la primera usurpación fraudulenta Constituyente, la originaria de 1999.

Se refiere al fraude de votos de 2017, cuando en realidad, debidamente comprobado y documentado, a partir de la proclamación de Hugo Chávez en 1998 como Presidente de la República, ninguna otra elección o referenda habría reflejado la voluntad del colectivo de Venezuela.

En este aspecto, ya referido en el aparte A),  podríamos comentar que el CNE, mediante su Fiscalía General de Cedulación - FGR habría sido acosado por la ocupación cubana y por la traición de los locales en el Ministerio del Interior y en el de la Defensa, permitiendo el acceso del ejército de ocupación al Registro Civil a partir de 2001 así como su manipulación, sin control alguno, mediante una "empresa cubana" cuya primera acción habría sido pretender desalojar a los funcionarios del CNE instalados en los archivos de documentos originales de las 89 oficinas habilitadas para procesar la emisión de documentos de identidad y pasaportes, argumentando la coartada del inicio de su "automatización"; insólito, tanto porque en Venezuela se disponía de la última tecnología cibernética y porque no existiría "empresa" en Cuba que no fuese del estado o con su participación y bajo su control, entregando descaradamente tales sistemas al ejército de ocupación.

Este caso, entre el CNE y el Ministerio de Relaciones Interiores, habría sido uno de los escándalos que, en el ejercicio de nuestras responsabilidades constitucionales combatimos y denunciamos como traición a la patria y no dudamos que habría determinado la aceleración del sabotaje del Régimen de ocupación al Directorio del CNE, como la ya referida designación irregular, apresurada y sobre todo fraudulenta de "otro" directorio que tolerase semejante crimen y asumiese la corresponsabilidad de sus consecuencias.

Cuando en años recientes el Reino Unido decidió solicitar visa a los venezolanos, o el Departamento de Estado de USA declaraba la amenaza del Estado venezolano a su seguridad interna, ya había suficientes elementos adicionales provenientes del desplazamiento irregular de inmigrantes originarios de cualquier país forajido promotor del terrorismo internacional, quienes portaban documentación "falsa" como habiendo nacido en Venezuela, que permitiría el acceso a visado de inmigración para diversos países a quienes sus nacionalidades e identidades verdaderas impedirían tan sólo la aprobación de una visa para turismo.

El discurso considera a la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015 electa por el pueblo.
Este es otro ejemplo de la contradicción flagrante en la que los asesores de los organismos internacionales conducen a sus instituciones. No sería posible desconectar la decisión de la Sociedad Civil en el año 2005, cuando presionó de tal manera a las organizaciones "políticas" con el propósito de impedir el fraude electoral en el que éstas estaban siendo cómplices, conduciéndolas inclusive a retirarse en bloque de las "elecciones" de aquella AN.

Este hecho habría sido uno de los más importantes relacionados con el ejercicio de la rebelión popular legítima, contra un régimen que desconocía por completo la voluntad popular mediante el voto, una más de las muchas violaciones de sus DDHH, a la vez que la más clara traición a la nación y al Derecho por parte de las élites políticas y, en general, por todas las demás élites, militares, académicas, intelectuales, comunicadores sociales, sindicales, empresariales, gremiales, religiosas.

Aquella AN de 2005, como recordaremos, sólo estuvo conformada por miembros designados por el "gobierno" y ninguno por las "oposiciones". Esta acción, nacida como afirmamos del seno de la Sociedad Civil organizada sin la presencia de partidos políticos, habría correspondido con la interpretación directa de los artículos constitucionales 333 y 350, primero desconocer autoridades usurpadas y luego actuar para restablecer el orden legal.

Aquellas "elecciones" de la AN habrían tenido aproximadamente un 75% de abstención según el CNE usurpado, mientras que las evidencias demostrarían que no habría participado más del 15%, cifra escandalosamente baja por cuanto ya las listas "Tascón" y "Maisanta" estaban en pleno uso y permitían determinar, sin duda alguna, el sentido del voto por la desaparición de su secreto y en todo caso, conformaba un elemento aterrador para los beneficiarios y/o dependientes de los programas del Estado y sus empleados, tanto para las clases bajas y medias, por ejemplo, para quienes poseían tarjeta de crédito y entonces disponían del acceso al turismo subsidiado, que no sería sino otra estrategia más del régimen para la propaganda internacional, como para el empresariado, mediante el financiamiento subsidiado de divisas para del comercio exterior o del mercado para las inversiones con los "aliados" o más bien cómplices internacionales, hasta la intermediación y protección del Estado y sus instituciones para la participación en la legitimación de capitales.

El otro acontecimiento trascendente, también electoral y de similares características, que habría determinado la contundencia y claridad del de la AN de 2005, lo conformaría el denominado "Referéndum Revocatorio", que habría sido en realidad una burla y farsa demorada durante más de un año, preparado por el CNE legítimo nuestro en julio 2003 y suspendido ilegalmente, para ejecutarlo fraudulentamente hasta agosto 2004 pero con su sentido invertido, de "Revocatorio" como se denominó, cuando el SÍ revoco que determinaría el cese de las funciones del funcionario revocado se transformó, conservando el mismo nombre en "ratificatorio", cuando el SÍ determinaría lo contrario, es decir el sí ratifico.

Una burla adicional, inventando un referéndum inexistente en la ley con el propósito de utilizar el poder del SÍ en el mercadeo y también para la manipulación de los resultados.  En aquel fraude realizado un año antes de la "elección" de la AN referida de 2005 habría participado alrededor de más del 94% del Registro Electoral, a pesar de la presencia activa de las mismas "listas" y de su efectividad para "premiar" o "castigar" tanto participantes como abstencionistas, con sus consecuencias potenciales y reales comprobadas.

Estos dos eventos electorales referidos establecerían los récords nacionales de participación (94%) y de abstención (85%), opciones ciudadanas opuestas que demostraron ambas, más que la inutilidad para resolver democráticamente diferencias, la magnitud del fraude institucional establecido.

Como referencia, comentamos una de las consecuencias reales.
Fuimos testigos en el CNE del desfile de decenas de oficiales de los diversos componentes de las FFAANN, algunos a quienes observamos derramando lágrimas como cualquier viuda inconsolable, solicitando que elimináramos su registro de la participación en el "Ratificatorio" de Hugo Chávez porque la consecuencia, confirmada por sus comandantes generales de cada fuerza: Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional representaba claramente el fin de su carrera militar.  No faltarían las ofertas y seguramente se habrían producido "pagos" para lograr tales "desapariciones" de los sistemas de información del CNE.

Esta era la consecuencia, para un subalterno militar o civil, por participar en un acto electoral legítimo que pretendiese revocar el mandato de su superior, aunque este fuese un delincuente profesional y miembro del crimen organizado, o un criminal violador flagrante y sistemático de los DDHH, así como un traidor a la patria que entregaba, siendo el Jefe del Estado y de las FFAANN, la ejecución de una "política de Estado" para someterlo a una ocupación extranjera administrada por el crimen organizado.

Serían bochornosas tales reacciones de los oficiales y adicionalmente muestras trágicas del significado de la DIGNIDAD, para ese momento "inicial" del trabajo de infiltración y sometimiento de las FFAANN a la ocupación extranjera administrada por Cuba, es decir, de la "cultura" establecida en el Estado ocupado.

En relación con el olvido de Cuba, cuando se refiere el Secretario General a Venezuela como el único estado activo de la OEA que habría "desmantelado el Estado de Derecho y ha convertido en autoritarismo la regla".

En nuestro criterio, gracias y desde una visión limitada del proyecto VENECUBA, Cuba estaría más activa que nunca por intermedio de Venezuela, ejecutando su voluntad plena mediante otra bandera diferente e influyendo aún más mediante su gestión "diplomática", cuando el cuerpo de embajadores de Venezuela, todos actúan en la práctica bajo su dirección y a su servicio directo, otro hecho escandalosamente establecido; así como con el resto de las naciones sometidas, aunque quizás en menor grado, como Nicaragua, Bolivia, también Colombia con su Presidencia y con sus asociados de las FARC.

Por otro lado, calificarlo de autoritarismo, podría causar náuseas a cualquier venezolano consciente y no podría sino alarmar en instancias involucradas en esta lucha y tragedia.

Un Estado terrorista que responde por el desplazamiento de la población en dimensiones alarmantes, que aunque disimulada por las políticas de inmigración del primer mundo, habría producido más de 3 millones de emigrantes desde una nación que nunca había conocido sino la inmigración, que ha visto cómo la Comunidad Europea, por intermedio de sus 5 representaciones más importantes en Caracas, habría proveído de pasaportes a más de 500 mil ciudadanos en pocos años. Que responde por la regulación del asesinato desde menos de 2600 por año a más de 27 mil. Que promueve y participa con sus funcionarios en el invento criollo: el "secuestro exprés". Que castiga al "enemigo" impidiendo su acceso a la asignación de medicamentos de alto costo o al programa de divisas preferenciales, o a los cupos de importación o exportación.

No se trata de autoritarismo, de ninguna manera, se trataría de terrorismo de estado, de ocupación extranjera, de Estado al servicio del crimen organizado transnacional, de la responsabilidad directa e ineludible por flagrante, en crímenes de lesa patria y de lesa Humanidad.

En relación con los numerales:

Punto 1) Los sobrinos de la pareja presidencial.
Familia de criminales y usurpadores del Poder público que desconocemos, quienes adicionalmente no conformarían la cúpula del régimen.

Como bien lo señala el Secretario General, desde el reciente usurpador de la vicepresidencia y el anterior y por años a la cabeza del Poder Legislativo, ambos capos del crimen organizado, en tal condición de relevancia que la portada especial de la Revista "Time" del año 2005 lo presentó como "El Capo del Año".

En general, no sería concebible que cualquier miembro del Estado Mayor militar o policial de cualquier fuerza armada o policial no estuviese directamente involucrado en el crimen organizado ni en las consecuencias del HOLOCAUSTO, como tampoco, ni siquiera por omisión, que algún gobernador o alcalde, es decir, no sería concebible en general, que algún funcionario público pudiese explicar su inacción, omisión o no participación en el crimen organizado ni en sus consecuencias.

Punto 2) La corrupción o la economía no podrían ser la prioridad cuando la población esta siendo acosada, torturada, secuestrada, asesinada y desplazada.

Punto 3) El pueblo no designa autoridades a partir de 1999.
Ningún país, mucho menos un miembro del Consejo de Seguridad, podría ignorar la violación sistemática de los DDHH que es lo que hace Venezuela, ni mucho menos cuando lo practica como política de Estado, sin embargo allí ocupa un puesto el Estado acusado.

Subrayamos la declaración final: "No existe argumento político, jurídico o económico que justifique ir de la mano de asesinos y torturadores".

Diríamos nosotros: como tampoco religioso, sin embargo, muchas naciones son cómplices o dan la espalda y se benefician de lo que en Venezuela ocurre durante casi 18 años, mientras tanto el Vaticano como la Compañía de Jesús bajo la dirección de un venezolano, siguen hoy de aliados, desde 1999 sosteniendo el régimen de Cuba que nos ocupa, así como a los criminales y traidores que los sirven en Venezuela.

Pretender que sería a partir del mes de abril de este año que con otro "Plan" público, en este caso "Zamora", el "gobierno habría convertido a cualquier persona de la oposición o a cualquier persona que lo critica en enemigo interno del Estado" muestra un desconocimiento absoluto de la realidad venezolana a partir de 1999 y, en especial desde 2003.

Por el contrario, una de las mejores simulaciones para generar un ambiente "político", inexistente en la realidad porque lo que ha habido es simulación política, estaría en que los críticos del gobierno con espacio en los medios de comunicación son en realidad promotores del régimen, porque, repetimos, no existiría oposición sino simulacros de oposiciones autorizadas y promovidas por el régimen.

Los verdaderos enemigos del régimen de ocupación serían quienes lo combaten en todos los terrenos clandestinos y para perseguirlos, acosarlos, secuestrarlos, silenciarlos, asesinarlos o comprarlos, no es necesario legislación ni  "plan público" alguno.

La comparación que se hace con las peores dictaduras de la América del Sur sería benigna. El "Caso Venezuela", consideran algunos estudiosos venezolanos, será comparado, cuando se escriba una versión positiva-liberal documentada de la tragedia, con el HOLOCAUSTO nazi del siglo XX.

La tecnología y las comunicaciones no requieren de hornos crematorios para asegurar la pureza de la raza del "hombre nuevo", hoy es mucho más económico y menos comprometedor para los responsables, generar una matriz según la cual el Estado perdió el control de la administración y se han desbordado las fuerzas sociales que serían las responsables de las trágicas consecuencias, pretendiendo limitar la responsabilidad de los simuladores de gobierno y de las "oposiciones", corresponsables del régimen así como de las consecuencias de su usurpación y de su acción, a una especie de "responsabilidad limitada" a los errores de su gestión. Esto no puede ser permitido por la Justicia Penal Internacional creada con el específico propósito, demostrado fallido en el Caso Venezuela, de impedir la repetición del HOLOCAUSTO del siglo XX en Europa.

Invitamos entonces a la OEA a revisar algunas de las recomendaciones de los informes preliminares sobre el Caso Venezuela.

Primero:
a) La anulación de la Asamblea Nacional Constituyente. Probablemente sería una excelente recomendación, siempre que entendiese que la anulación apropiada sería la de la ANC de 1999. Que el sólo hecho de plantear la anulación del engendro de 2017 conllevaría a la aceptación de su existencia. Esto es un verdadero contrasentido.

b) El cese inmediato de la represión.
?Cómo puede tal petición cumplirse sin incorporar una fuerza multinacional armada y policial que neutralice el ejército de ocupación y los verdugos locales?

c) La liberación de todos los presos políticos.
Esta etiqueta de "preso político" habría sido otra de las administraciones "exitosas" del régimen. En Venezuela todos nos encontramos secuestrados dentro del territorio. Inclusive, quienes hubiesen cometido un crimen, estarían técnicamente secuestrados por el régimen, por su "Sistema Judicial" que viola con aún más agravantes todos sus derechos y hasta los extorsiona, utilizándolos en algunos casos para ejecutar misiones criminales vistiendo un uniforme policial o militar para reprimir o asesinar a sus conciudadanos, mediante "premios o castigos" para una "salida controlada" y/o "mejorando sus condiciones" en sus "centros de secuestro".

Los denominados "presos políticos", serían "secuestrados especiales" promovidos con tal etiqueta, que la comunidad de Estados y los organismos internacionales compran con gran y sospechosa facilidad.

Todos serían en realidad simultáneamente víctimas y cómplices del régimen. Cómplices que aceptaron simular democracia y elecciones con la ocupación del crimen organizado y como conocemos, esta es una complicidad tradicionalmente "sin retorno", terminando como instrumentos de propaganda del régimen y corresponsables con él mismo.

d) Un calendario electoral integral incluyendo elecciones presidenciales.
Esto es imposible sin rescatar el Estado y el Derecho. Demuestra, como en el literal b), un absoluto desconocimiento de la realidad.

Las misiones de observación electoral, tanto de la OEA como de la Comunidad Europea y del Centro Cárter tendrán que asumir su gran cuota de responsabilidad con la destrucción del Estado, del sistema de identidad, del Registro Civil y Electoral, de las bases de datos en general de la Nación, manipuladas intensivamente por el régimen de ocupación. Tendrán que responder por su corresponsabilidad con el fraude institucional y electoral intensivo instalado en Venezuela mediante su cooperación.

Son entonces tales "intervenciones" mucho peor que inútiles, como lo fueron en el pasado, porque fueron misiones de observación internacional incapaces de comprender y observar el escandaloso nivel de fraude nacional, que hace imposible cualquier elección mientras no sean desalojados tanto el régimen de ocupación como sus cómplices foráneos y nacionales.

Con sus posturas, la "observación internacional" contribuyó indiscutiblemente a legitimar lo ilegitimo e ilegal y a confundir y engañar tanto a nacionales como a la comunidad internacional, es decir, se hizo corresponsable de la ocupación, del fraude institucional y del propio HOLOCAUSTO.

e) Para que exista respeto por la separación de poderes, primero deben existir poderes públicos legítimos, no las pantomimas que observadores e instituciones cómplices han contribuido a legitimar y siguen legitimando, cuando son invitados internacionalmente como autoridades legítimas para denunciar el régimen; absurdo y retorcido, cuando en realidad son simples agentes del régimen y lo conforman.

f) El canal humanitario.
Es cierto que Venezuela vive en el HOLOCAUSTO del siglo XXI, pero la promoción del "canal humanitario" sería otra estrategia criminal del régimen para distraer de la prioridad, de la necesidad de restablecer el Estado y el Derecho para administrar el drama "humanitario" de manera sana y no como promotor de su longevidad y de la del propio régimen.

Segundo:
a) Apoyar la institucionalidad democrática venezolana, como la Asamblea Nacional y la Corte Suprema que se encuentra ahora en el exilio.

?De dónde habría obtenido la OEA esta ficción según la cual la AN o el TSJ designado por ésta serían legítimos?  Este podría ser el tipo de cómplice encubierto del régimen. No se trataría de las buenas intenciones de todos sus miembros, se trata del hecho incontrovertible: su origen es fraudulento.

La legitimidad de origen jamás puede concederla una institución como el CNE usurpado pero adicionalmente y sobre todo, instituciones sistemáticamente viciadas en el ejercicio de sus acciones cotidianas, por lo que todas sus actuaciones carecen de validez por irritas y nulas de nulidad absoluta.

Esto degrada aún más la pretensión de supuestos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que promueven la obtención de su legitimidad a partir de un charco de vicios institucionales acumulados a partir de 1999, en el que ha estado absolutamente comprometido y adicionalmente, corresponsable y sostenido sobre los charcos de la sangre y del sufrimiento de cientos de miles de venezolanos.

Tercero:
a) Son necesarias sanciones cada vez más severas dirigidas contra los integrantes del régimen.

En primer lugar, la única sanción que impediría que el régimen siga actuando como en el caso de cualquier criminal serial, sería cuando fuese sometido por la fuerza y recluido en un ambiente que impida que prosiga desde su celda, con el inmenso poder de los recursos que dispone, además de la complicidad internacional más sofisticada que se pudiese pagar. La prioridad es la de ordenar su captura y capturarlos.

En segundo lugar, mientras no entienda la comunidad internacional que las denominadas "oposiciones", estarían conformadas por todos quienes de una u otra forma han sostenido el "régimen" mediante la simulación de instituciones, administrativas, políticas, judiciales, ciudadanas y electorales, quienes serían corresponsables del mal que se pretende extirpar.

Ninguna persona que haya aceptado participar en esta simulación, a partir de una determinada fecha puede ser exonerada de, como hemos afirmado e insistimos, una condición de criminal, de corresponsabilidad confesa e in fraganti superior en cuanto a la gravedad a la de la complicidad con crímenes contra la humanidad, más bien la de su corresponsabilidad con esta "cultura nacional" que ha sido y es un "patrón de conducta" en la gestión del Estado en todos sus niveles, en la que se han constituido como las columnas fundamentales del régimen de ocupación.

Sería en este punto conveniente referir y subrayar una contradicción que consideramos trascendente en cuanto a la forma y el fondo de las denominadas "sanciones".

Expertos internacionales reconocidos, tanto en la academia como en la praxis del tema actual para Venezuela de la persecución jurisdiccional de los criminales contra la Humanidad, destacan la confusión entre el concepto específico de la "sanción" con las "medidas unilaterales" adoptadas por un estado que no se imponen de manera general al otro estado, por lo que son conforme al derecho internacional aplicables a violadores de DDHH, a incursos en crímenes internacionales o en delitos de corrupción, legitimación de capitales o narcotráfico, quizás clasificables dentro del concepto de acciones "Palermo".

La claridad en estos conceptos permitiría a su vez desmontar de facto argumentos esgrimidos por los criminales contra la Humanidad y usurpadores de los poderes públicos en Venezuela y sus supervisores cubanos, en sus pretensiones de confundir manipulando los conceptos de la "intervención" o de la "injerencia indebida" en los asuntos internos y soberanos de una nación, afectando y perturbando la comprensión de la opinión pública y de algunas instituciones sobre el progreso y el debido proceso de las acciones jurisdiccionales de todo orden, factibles y claras para el "Caso Venezuela-Cuba".

Preocupa el comentario final del discurso del Secretario Almagro:

"Hay sólo dos opciones: que intereses políticos, ideológicos, económicos o personales nos hagan mirar para el costado, o que cumplamos con nuestro deber y nuestros valores actuando en favor del pueblo de Venezuela".

Cuando Hannah Arendt reportó en la revista "The New Yorker" su comisión como corresponsal en el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalem en 1961, se encontraba en el proceso de la redacción final de su investigación filosófica que publicaría como "La banalidad del mal".

Aquellos artículos la transformaron desde víctima y heroína de los valores de Occidente frente al HOLOCAUSTO, del que habría podido escapar bajo la protección de los EEUU, a judía repudiada por su propia comunidad y por la comunidad universitaria norteamericana cuando, de acuerdo con una interpretación libre, habría denunciado a la propia comunidad judía en sus liderazgos, como corresponsables directos por la magnitud de la tragedia en Europa, afirmando que de no haber sido por la convivencia, connivencia y negociación de los líderes judíos con el régimen Nacional Socialista Nazi, la cifra de incinerados en los campos de concentración, es decir, la "productividad" de la gran industria de la "Solución Final" no habría podido asesinar más de 100 mil o hasta 200 mil judíos, y no los 7+ millones que habría "procesado" tal manifestación de la locura del Sapiens.

Otro académico judío prominente actual, desde la Universidad Hebrea de Jerusalem, Yuval Noah Harari, en una de las investigaciones que coordina transformada en otro de sus recientes best sellers, "Sapiens: Breve historia del género humano", habría concluido que el hilo de los valores que determinarían la conducta del Sapiens vendría, desde los dioses a los diversos "Dios", pasando por las ideologías para llegar en el siglo XXI definitivamente al "dios dinero", que representaría incorporando en sus conferencias una pequeña pausa para levantarse de su silla, sacar de su bolsillo y mostrar al público un billete arrugado de 1 US$.  Valor superior cuasi unificado de la Cultura de Occidente.

Postponiendo la condición de venezolano, recordando primero la condición de Sapiens, de producto de la Cultura de Occidente, alarma que pueda considerarse más de una opción para el caso Venezuela. Esto pudiera tener su origen en la ideología o la incorporación de los intereses de la Iglesia Católica y de la Compañía de Jesús ya mencionados temprano, involucrados intensivamente y corresponsables fundamentales del HOLOCAUSTO Venezuela.

Tienen la OEA, la ONU y Occidente, frente al Caso Venezuela una única opción, rescatar los valores de Occidente, comprometidos hoy en la vida del Sapiens representada por el colectivo en Venezuela.

Después de 18 anos de peregrinación institucional reclamando el rescate de tales valores, celebramos la incorporación reciente de nuevos aliados como la "Administración Almagro" en la OEA, y otros algo más poderosos como la oficina de la Presidencia de los EEUU, que desde su programa de campaña electoral habría considerado desmantelar los acuerdos, insólitos en nuestro criterio, tanto por su impacto negativo sobre toda América como por la condición de "Estado terrorista" del régimen oprobioso y criminal de Cuba, acción que contribuiría a rescatar el Estado y el Derecho para sus ciudadanos así como para los de las naciones ocupadas militar y políticamente, como sería el caso de la República de Venezuela.

Se hace imperativo marchar con pasos firmes, sin improvisaciones ni dejando al azar la vida, el destino de tantos seres y salvaguardando valores fundamentales de nuestra común cultura.

Con la mayor estima y consideración por los responsables de esta iniciativa, pretendiendo contribuir con la ampliación de la información y de las interpretaciones sobre el Caso Venezuela, que conocemos profundamente en sus detalles y del que somos coautores como muchas de las víctimas, además de declararnos en atención permanente para producir luces para el debate y para la acción jurisdiccional en las áreas de nuestra competencia cuando fuese necesario, también para contribuir con las acusaciones y con los juicios de los miles de criminales responsables, corresponsables y cómplices de los crímenes contra la Humanidad en el HOLOCAUSTO del siglo XXI, así como para participar en el proceso para el restablecimiento del Estado y el Derecho en nuestra nación, incluyendo por supuesto la recuperación y devolución de activos privados y públicos saqueados.

Nos suscribimos a su disposición y les solicitamos con firmeza su atención debida.

Muy atentamente,

Por el CNE de la República de Venezuela designado por el Poder Público Legislativo el 4JUNIO2000.

Rómulo Lares Sánchez
CI V-2.136.135